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Fueron desalojados del Pleno de Hortaleza

Los vecinos de Sanchinarro X piden protección frente al 'fondo buitre' que compró los pisos a la EMV

Carmona -de espaldas- con los vecinos de Sanchinarro X.
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Carmona -de espaldas- con los vecinos de Sanchinarro X.
miércoles 07 de enero de 2015, 13:17h
La situación de los inquilinos de Sanchinarro X, una de las promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda que el Ayuntamiento de Madrid vendió a un fondo buitre centró esta semana la actualidad de Hortaleza: si el sábado el candidato socialista a la Alcaldía, Antonio Miguel Carmona, les visitaba para conocer sus problemas, el día 10 fueron los afectados quienes irrumpieron en el Pleno del distrito.

A los 15 minutos de empezar la sesión, una veintena de personas comenzaron a sacar pancartas en el salón de plenos y dar voces reclamando responsabilidades al Ayuntamiento, ante la confusión inicial del concejal presidente, Ángel de Donesteve, que ignoraba cuál era su reivindicación, y que acabó ordenando su desalojo a la policía. Varios vecinos fueron posteriormente identificados por los agentes, mientras el PSOE e IU, que intentó mediar en la situación, abandonaron la sesión como muestra de apoyo a los vecinos.

Los inquilinos de la promoción Sanchinarro X de la EMVS se encontraron en 2010 con que el Ayuntamiento había vendido a “precio de saldo” el inmueble a una inmobiliaria privada, Lazora. Esta se adjudicó en subasta 630 pisos en Sanchinarro, Carabanchel, Moratalaz y Vallecas por 65 millones de euros: como explicaron a Carmona, ahora ésta pretende cobrarles el recibo del IBI, lo que el socialista calificó de “ilegal, abusivo e inmoral”. El recibo “equivale a otra mensualidad de la vivienda, que además ya han sufrido importantes subidas en sus alquileres y se les cobra también la tasa de basura desde que este fondo buitre ejerce de casero”, afirmó el candidato socialista, que recordó que estas familias “en situación económica muy precaria” no pueden afrontar el pago del recibo en los diez días de plazo que se les da.

Además, los contratos de alquiler de esta promoción social vencen en mayo de 2015, y los inquilinos temen que Lazora busque cualquier excusa para expulsarles. Desde que la inmobiliaria adquirió las viviendas la renta ha subido de 339 a 460 euros, además de cobrarles el IBI y otros 60 euros de la tasa de basura de la que antes se hacía cargo el Ayuntamiento. Carmona exigió que Lazora “paralice inmediatamente el abuso que supone cobrar el IBI a los inquilinos”, y reclamó que abra “de manera urgente un proceso negociador con los afectados que despeje su futuro”. Carmona recordó además que el juzgado ha abierto una investigación sobre la venta de viviendas sociales del Ivima.
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