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El Ayuntamiento afirma que la parcela de la antigua cárcel sigue destinada a este uso

El suelo sigue esperando al Hospital de Carabanchel

David Ortega visitó los terrenos de la cárcel. (Foto: Miguel G. Rodriguez)
David Ortega visitó los terrenos de la cárcel. (Foto: Miguel G. Rodriguez)
miércoles 22 de octubre de 2014, 12:40h

Aunque desde que se abrió al uso civil el Gómez Ulla los responsables de Ayuntamiento y Comunidad han señalado en varias ocasiones que esto hace innecesario construir un nuevo hospital en el solar de la cárcel de Carabanchel, la coordinadora de Urbanismo municipal ha asegurado que el suelo sigue reservado para este destino.

El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, David Ortega, preguntó en la última comisión de Urbanismo sobre la situación del proyecto de construir un hospital en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, que ya visitó recientemente en compañía de las asociaciones vecinales de Carabanchel y Latina.

La coordinadora de Urbanismo, Beatriz Lobón, confirmó que existe la reserva de suelo para este fin en el Plan Parcial así como la calificación como equipamiento singular de carácter sanitario, y aseguró que "cuando se apruebe el proyecto de reparcelación y sea de titularidad municipal se le ofrecerá a la Comunidad, que es quien tiene competencia en materia sanitaria. Nuestro compromiso está cumplido", según la responsable municipal.

Como recordó David Ortega, el ex-concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, actualmente viceconsejero de Inmigración, señaló en unas declaraciones a la prensa que "ya no tiene sentido construir un nuevo hospital en los terrenos de la cárcel", refiriéndose a que el Gómez Ulla ya atiende a los pacientes civiles de la zona. Como recordaban los vecinos, el centro militar ha acogido unas 120.000 tarjetas sanitarias nueva de Carabanchel y Latina, dos distritos que suman casi medio millón de habitantes.

Ortega recordó que el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó en 2009 el convenio que refrendaba este proyecto, que a día de hoy, está paralizado. Mientras las tres administraciones públicas implicadas –el Gobierno de la Nación, propietario de los antiguos terrenos de la cárcel, la Comunidad de Madrid, competente en materia sanitaria, y el Ayuntamiento, que debería recibir el suelo– se "pasan la pelota" para justificar los retrasos de la transformación de este espacio histórico.

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