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Entrevista a Pablo Soto

"Nosotros sólo hemos abierto la puerta a la participación"

Pablo Soto, junto a una maqueta de la Gran Vía, remodelada tras una consulta popular
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Pablo Soto, junto a una maqueta de la Gran Vía, remodelada tras una consulta popular (Foto: M.G.)
jueves 05 de julio de 2018, 14:48h

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El área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto ha recibido el premio Public Services Award de la ONU, por su fomento de la participación de los ciudadanos. Pablo Soto, concejal del área, asegura que la plataforma decide.madrid sólo ha hecho que abrir la puerta a un 80% de madrileños que estaban ansiosos por opinar y proponer ideas.

Aún se están evaluando los datos, porque además del voto online hay que contabilizar los votos presenciales recogidos en urnas el pasado fin de semana, pero la plataforma decide.madrid está a punto de ofrecer los resultados de su último proceso, los terceros Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid. Y lo hace con la satisfacción de haber recibido el aval de la ONU: uno de los Public Services Awards, un premio que acaba de recoger el equipo de Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, en Marrakech.

“Es el premio al servicio público más importante que se puede entregar a cualquier administración del mundo, y este año ha sido especialmente reñida, porque había 437 candidatos”, presume Soto. El premio, entiende, implica para el ayuntamiento “un espaldarazo a las políticas y al cambio en materia de participación ciudadana, una materia en la que hasta hace relativamente poco, Madrid no era un lugar que nadie mapease como una administración en la que estuviesen ocurriendo cosas interesantes, y ahora es un referente internacional”. Hasta 90 ciudades, regiones o países del mundo están, además, trabajando con el programa Consul, de software libre, implementado por el equipo de Soto en la web de decide.madrid.

TRANSPARENCIA. El área que dirige Pablo Soto incluye el Portal de Transparencia: “Somos la cuarta administración del Estado, por encima de muchos ministerios y por supuesto comunidades autónomas y ayuntamientos, en peticiones de derecho de acceso a la información: eliminando trabas como el DNI electrónico, ha aumentado un 40%“. Así, cualquier ciudadano puede enviar un correo electrónico y pedir información sobre políticas y contratos municipales, que además están tabulados y colgados en la web, que registra millones de descargas. En el portal de Datos Abiertos hay alrededor de 400 tablas con información que se actualiza incluso en tiempo real. “Los primeros reutilizadores de esos datos somos los gestores municipales, integramos en los procesos de toma de decisiónes todos esos datos y evidencias, no tenemos que basarnos en intuiciones o visiones limitadas, y eso es un cambio casi cultural en la gestión”, afirma el edil.

En cualquier caso, el edil cree que el reconocimiento definitivo lo dan “los vecinos y vecinas de Madrid, y es ahí donde está nuestra brújula”. Esta plataforma de participación tiene ya algo más de 400.000 madrileños inscritos –sólo hay que dar una dirección de correo y estar empadronado–, que han participado como mínimo en un proceso de consulta o planteado alguna sugerencia desde septiembre de 2015. “Para un portal digital de una administración es un hecho inaudito –defiende–, porque ninguno del mundo tiene porcentajes tan altos”, en respuesta a quienes cuestionan la representatividad en determinadas decisiones. A eso hay que sumarle las personas que participan en procesos a través de otros nuevos canales: el voto por correo, los Foros Locales, diversas convocatorias en procesos de debate...

“Es difícil dar una cifra, pero entre un cuarto y un tercio de los madrileños están participando de manera habitual en procesos municipales, hace unos años era impensable”, calcula el edil. Y además según arraiga más la costumbre, el perfil “se acerca más al padrón, no hay prácticamente ningún sesgo reseñable”.

En cualquier caso, “no es un éxito de este equipo de gobierno, es un éxito de la sociedad civil, nosotros solo hemos abierto la puerta a lo que pedían”. No en vano los estudios demuestran que el 80% de los madrileños está dispuesto a opinar y proponer proyectos, leyes, normas “hasta cuatro veces al año”... como tantos otros ciudadanos del mundo. Porque también es un hecho estudiado que quienes más se suelen oponer a ceder su parcela de poder decisorio son, precisamente, los políticos. “También se preguntó a cargos electos si la ciudadanía debería tener derecho a participar en las normas y procesos de legislación, y el resultado fue al revés, el 80% de los políticos contestó que no, que para eso estaban ellos”.

Frente a quienes critican que los “nadie” no tienen conocimientos para opinar en determinadas materias, Pablo Soto lo tiene claro, la inteligencia colectiva siempre es superior. “Por cada experto que tenemos en las administraciones, tomando decisiones en un despacho, hay miles en la sociedad civil, que, además, tienen una mezcla mucho más variopinta de intereses y de puntos de vista, y se generan mejores decisiones”. Los presupuestos participativos son, al final, una mejor manera de gestionar las arcas municipales, y de paso, los administrados entendemos cómo se gestionan nuestros impuestos. Probado empíricamente está que “en ningún sitio donde se decide sobre los impuestos se le ocurre a la gente hacer bajadas populistas o electoralistas, y en ningún sitio donde pueden decidir cuál es el régimen fiscal se quiebra la Hacienda pública”.

En Madrid la oposición municipal ha propuesto en alguna ocasión que los asuntos que vayan a someterse a consulta pública se voten primero en un Pleno. Pero el edil de Participación Ciudadana matiza: “Si lo que se propone es que la oposición pueda exigirle al gobierno abrir a la participación ciudadana algún tema, estoy totalmente de acuerdo, pero si lo que se pretende es que la oposición evite que el gobierno lo haga, estoy en contra”. Eso sí, también hay bastantes avances en “cultura administrativa”, y los madrileños van aprendiendo a quién deben proponerle o pedirle cada cosa, de quién es competencia cada área.

“Aquí, como ni a nivel estatal ni de Comunidad no hay presupuestos participativos, ni portales de participación, ni derecho de propuesta eficaz... Cuando nosotros abrimos la ventana a la participación, llegó de todo: al principio, era relativamente alto el porcentaje de propuestas que no eran de nuestra competencia, pero conforme los ciudadanos van viendo qué proyectos salen adelante, en seguida entienden para qué es eficaz este mecanismo”.

Si hay algo que puede torpedear el interés en la participación es la frustración que sienten los vecinos cuando lo votado no se cumple o se retrasa. De hecho, a día de hoy aún hay proyectos ganadores de 2016 no ejecutados, o en tramitación. El problema es “que el proceso de participación no cambia al marco de las políticas, sólo quién toma la decisión: hay que entender que una administración tarda entre seis u otro meses en licitar un contrato, en el mejor de los casos, se tarda un año en ejecutarlo, cuando no dos o tres”. Esta circunstancia tiene un beneficio, sin embargo: “nos sirve para sacar la conclusión de que hay que agilizar las administraciones públicas”.

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