Edición 7
20 de mayo de 2019, 4:25:43
Opinión

TRIBUNA: Verónica Gallego, co-portavoz IU Hortaleza


Montoro contra Madrid


La política del Ayuntamiento de Madrid en los dos últimos años ha sido un ejemplo de alternativa a las políticas de recortes: con cada nuevo presupuesto se hacían más justos los impuestos y reducían los precios públicos, aumentaba la inversión y el gasto social, se reducía la deuda y se obtenía superávit.


La reciente aprobación del Plan Económico Financiero 2017-2018 (PEF) exigido por el Ministerio de Hacienda representa un giro de 180 grados en esta política, que pasa de la expansión de los servicios a los recortes. El PEF implica que en 2018 se recortarán los gastos no financieros por valor de 537 millones respecto a 2017, lo que supone una reducción del 12,4% con respecto a 2017.

El resultado supondrá que, en vez de partir con un presupuesto equilibrado entre ingresos y gastos, ya de inicio existirá un superávit de 638 millones de euros al que la derecha impone un candado para evitar que el gobierno de Ahora Madrid resuelva los problemas de la ciudad.

El Proyecto de Presupuestos de 2018 elaborado el pasado verano incrementaba un 3,38% el presupuesto del Distrito de Hortaleza sobre 2017. Los contratos realizados y en tramitación incorporan mejoras en los servicios públicos, por ejemplo, aumentando el Servicio de Ayuda a Domicilio de las personas mayores o con discapacidad.

La aplicación del PEF podría llegar a suponer un recorte de más del 10% respecto a las previsiones del Plan de Gobierno.

Además, la aceptación del PEF implica que todas las grandes inversiones del Plan de Gobierno en el distrito estarían comprometidas por falta de presupuesto: las pista de atletismo, la vivienda pública en Valdebebas, la nueva biblioteca en Arequipa, las instalaciones deportivas en Oña-Sanchinarro, la Casa de las Asociaciones, las escuelas infantiles en Valdebebas y Sanchinarro etc.

Ayuntamientos que incumplen la regla de gasto, como el de Jaén (PP) consiguió a través de una carta del Ministerio de Hacienda, que se le permitiese “con carácter excepcional” saltarse ese techo de gasto. El gobierno de Rajoy ha incumplido el techo de gasto impuesto por Bruselas y aún así -por suerte para el pueblo- no ha sufrido las sanciones en forma de recortes que lleva asociado. No era legalmente necesario hacer un PEF y si el Ministerio discrepa, tendrían que determinar los tribunales quién tiene razón.

Resulta absurdo que un Ayuntamiento solvente se imponga medidas fuertemente restrictivas en base a una interpretación arbitraria y cambiante de la Ley para acosar al gobierno municipal. El PEF avanza un escenario muy oscuro en 2018, pero también se puede incumplir, recuperando la política expansiva en los presupuestos. Deberían ser las bases de Ahora Madrid quienes se pronunciaran sobre un giro tan importante en la política municipal, que compromete buena parte del Plan de Gobierno. Las decisiones que se adoptarán en los próximos meses afectarán a todos los barrios, por eso el debate sobre las consecuencias del PEF y la posibilidad de su reversión debe trasladarse a la calle, para que el vecindario de Madrid puedan respaldar o corregir la política del gobierno municipal, sin que nadie anteponga a sus espaldas los intereses de la banca frente a sus necesidades sociales.

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