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En busca de la senda del gasto

La alcaldesa presentó el nuevo plan financiero, junto a su concejal Sánchez Mato.
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La alcaldesa presentó el nuevo plan financiero, junto a su concejal Sánchez Mato.

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El Ayuntamiento de Madrid comunicó anoche al Ministerio de Hacienda la retención de créditos por 173,6 millones de euros repartidos en 1.206 partidas, de modo que le quedarían por cubrir hasta final de año 192 millones con los que recuperar la senda de gasto señalada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

En el Plan Económico-Financiero (PEF) presentado en octubre el Ayuntamiento retenía un total de 127 millones de euros. El PEF, el tercero, fue tumbado por el Ministerio de Hacienda, que reclama ahora al Ayuntamiento 238 millones de euros adicionales de la mano de una "nueva interpretación" de la regla de gasto, como ha indicado la alcaldesa, Manuela Carmena. Esa cifra coincide con la retenida en abril mediante Acuerdos de No Disponibilidad (AND).

A ese suma de 365 millones, resultantes de los 127 millones del PEF de octubre y los 238 millones ahora reclamados por el Ministerio, se le deben restar los 173 millones retenidos que ayer comunicó el Ayuntamiento, lo que arroja una cifra de 192 millones. Esa es la cantidad que debe cubrir Cibeles para recuperar la senda de gasto señalada por el Gobierno de la Nación.

Los nuevos pasos han sido explicado este miércoles en rueda de prensa la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la primera teniente de alcalde, Marta Higueras; la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Han estado arropados por diez concejales más, Jorge García Castaño, Celia Mayer, Guillermo Zapata, Paco Pérez, Inés Sabanés, Pablo Soto, Yolanda Rodríguez, Nacho Murgui, Esther Gómez y Marta Gómez.

Mato ha detallado que los 173 millones de euros comunicados anoche proceden de partidas puestas a disposición por las distintas áreas de gobierno y juntas de distrito, ya sea por bajas de adjudicación en las licitaciones, retrasos en la realización de proyectos, por presupuestos iniciales suficientemente dotados o sobredimensionados por posibles incidencias.

Así, las bajas obtenidas en las licitaciones --el ahorro presupuestario logrado por emplear menos dinero para licitaciones de lo inicialmente previsto-- ascienden a más de 8 millones de euros. Un ejemplo es el contrato de servicios para la actualización de la cartografía urbana de Madrid. En gastos de personal se han retenido 17 millones procedentes de plazas no cubiertas y en partidas sociales únicamente se han retenido aquellas ayudas que no afectan a las necesidades detectadas.

En este punto, Marta Higueras ha explicado que se enviaron 40.000 cartas para ofrecer ayudas provisionadas en 2017 en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de los que finalmente sólo entraron en los requisitos 1.800 casos. El ahorro ha sido de 1,5 millones en este caso.

De 2017 a 2018. La alcaldesa ha adelantado que puede que algunas inversiones previstas para este 2017 "igual pasan a 2018" porque las retenciones de crédito no impedirán la realización de los proyectos comprometidos al tiempo, como han subrayado desde el Consistorio, que quedan garantizadas todas las subvenciones, ayudas y servicios sociales municipales para los titulares actuales y los potenciales. Tampoco han obviado que estas medidas adoptadas son una "dificultad añadida para conseguir el cumplimiento adecuado del plan de Gobierno".

Carlos Sánchez Mato ha confirmado que no se paralizarán proyectos emblemáticos como el de Gran Vía. "Los proyectos anunciados para el beneficio de la ciudad siguen en vigor. Ese sigue adelante, como el 99,9 por ciento de las cosas", ha subrayado.

Las medidas comunicadas al Ministerio, respaldadas por un informe de la Intervención General, se elevarán al Pleno de noviembre para su aprobación como Acuerdo de No Disponibilidad (AND). Dichas medidas suponen el 3,3 por ciento del presupuesto de créditos definitivos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos de 2017. Carlos Sánchez Mato ha aclarado que lo comunicado anoche es una retención de crédito, esto es, "es como ponerles un cepo a las cantidades entregadas por los gestores de manera previa".

"Hemos hecho muchas políticas públicas que sabíamos que son necesarias para Madrid y las seguiremos haciendo", ha defendido Carmena, que ha puesto como ejemplo las obras acometidas por el Ayuntamiento en los colegios, emprendidas "sin tener que hacerlas según el reparto de competencias" dado que al Consistorio le correspondería únicamente el mantenimiento.

"Cuando son necesarios no podemos decir que no somos competentes. No podemos permitir que se caigan los techos como creo que ya ha ocurrido", ha lanzado en referencia al desprendimiento que ayer se produjo en un colegio de Carabanchel, el Concepción Arenal.

El Ayuntamiento, ha proseguido Carmena, seguirá "haciendo más escuelas infantiles", con una decena ya licitadas y que se pondrán en marcha el próximo curso. "Seguirá funcionando y mejorando el Samur", además de repararse las calles o mejorar su limpieza, como se ha conseguido con el reequilibrio de los contratos porque los firmados por la anterior Corporación, del PP, eran "más baratos pero porque no limpiaban algunas calles". "Seguiremos haciendo muchas cosas porque es absolutamente necesario", ha insistido.

En la comparecencia de prensa ha dado cuenta de la retención de créditos por 173,6 millones comunicada anoche para dar cumplimiento a la reformulación del PEF 2017-2018 exigida por la resolución de Hacienda y de la constitución de una comisión transversal de trabajo integrada por Carmena, Sánchez Mato, Higueras y Maestre siguiendo la filosofía de la Mesa de la Limpieza.

El Ayuntamiento ha concretado que dentro de esos 173 millones se han retenido concretamente créditos por valor de 45,8 millones disponibles en los capítulos 2 y 6 del presupuesto de gasto del Consistorio de 2017.

La alcaldesa además ha indicado que el Ayuntamiento recurrirá a la vía judicial ante una interpretación de la regla de gasto por parte de Hacienda que "difiere de las comunicaciones anteriores realizadas por el propio Ministerio".

La Secretaría de Estado de Hacienda denegó el pasado 6 de noviembre la aprobación del PEF 2017-2018 y solicitó la adopción de medidas de ajuste del gasto o de ingresos que produzcan incrementos de recaudación permanente por modificaciones normativas por 238 millones de euros en 2017 y 243,5 millones en 2018.

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