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Los propietarios de los PAU del sureste denunciarán al Ayuntamiento

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Los propietarios de suelo en los nuevos barrios de Berrocales, Valdecarros y Los Cerros, representados por las Juntas de Compensación de estos ámbitos, han anunciado que ejercitarán "las medidas legales que procedan" para defender sus intereses frente a la actuación del Ayuntamiento "arbitraria e ideológica" en el plan presentado en la última mesa de debate y ratificado por el delegado de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo.

Para estas Juntas de Compensación, ese último plan al que se refieren dejaría "miles de metros cuadrados abandonados, expuestos a convertirse en lugares de vertidos ilegales que, en lugar de mejorar, ahondarían en el problema medioambiental de la capital". Además, también aseguran que el plan desclasifica más de 5 millones de metros cuadrados que estaban destinados a zonas verdes que, "rehabilitadas y reforestadas por las juntas, serían entregadas al Ayuntamiento de manera gratuita".

El gerente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Mauricio Fernández, ha señalado que la actuación del Ayuntamiento provocaría un retraso de los desarrollos del sureste de, al menos, 10 años, además de "liquidar casi todas las Juntas de Compensación, lo que implicaría importantes indemnizaciones a cargo de los presupuestos municipales, lo que afectaría a todos los madrileños". Fernández también ha destacado que la paralización de los desarrollos del sureste perjudicaría el urbanismo madrileño y los planes de vivienda protegida del Ayuntamiento y de la Comunidad. "La subida de precios que se produciría ante la escasez de la oferta en la capital provocaría el éxodo de los nuevos hogares formados por jóvenes de menores ingresos que buscan vivienda dentro de la capital, especialmente aquellos procedentes de los barrios anexos de Vicálvaro y Vallecas, teniendo que buscar vivienda en ciudades a decenas de kilómetros de la capital, fuera del cinturón de la M-50", ha asegurado.

Además, ha añadido que este hecho "deterioraría aún más las cuentas municipales del Consistorio al expulsar a miles de jóvenes que hubiesen pagado sus impuestos en Madrid". "Con la propuesta de Carmena, la gran mayoría de dichos jóvenes vivirían fuera de Madrid, desplazándose gran parte de ellos a la capital a diario a trabajar, utilizando los servicios municipales y congestionando aún más las vías de acceso de Madrid, mientras que los impuestos irían a otros ayuntamientos de la Comunidad", ha señalado.

Falta de suelo público

Durante el acto, el gerente de la Junta de Compensación de Los Cerros, Javier López Linares, también alertó de que el plan presentado por el Ayuntamiento "perjudicaría la política de vivienda protegida del Consistorio y de la Comunidad un mínimo de 10 años". "En la actualidad, el nivel de producción de vivienda protegida de ambas administraciones se encuentra en niveles muy bajos por falta de suelo. Al paralizar el último gran reservorio de vivienda protegida con las que contaba la ciudad, con más de 50.000 viviendas protegidas proyectadas, los ciudadanos con menores ingresos de Madrid no podrían acceder a viviendas de precio asequible", ha asegurado. López Linares ha apuntado que el Ayuntamiento es propietario de más de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo en estos ámbitos, "parte del cual, según el último plan presentado, pretende desclasificar, convirtiéndolo en no urbanizable". Este hecho, para los propietarios del suelo del sureste de Madrid, produciría "un importante perjuicio al Patrimonio Municipal, lo que podría provocar una subida de impuestos o un recorte de servicios o un incremento del déficit con importantes consecuencias en el medio plazo".

Por último, han criticado que la política urbanística del Ayuntamiento se encuentra "lejos de beneficiar a aquellas personas con menores ingresos que residen en la capital, aprobando en su mayoría proyectos en los que el uso residencial es inexiste, como el proyecto Bernabéu, o aquellos destinados a personas con mayor poder adquisitivo, como Canalejas o Mahou-Calderón".

El Tribunal Supremo anuló en 2012 los 22 nuevos barrios previstos en el Plan General de Urbanismo de 1997 redactado por el Ayuntamiento del Partido Popular, por considerar que se habían recalificado terrenos sin los informes medioambientales necesarios, tal como denunció Ecologistas en Acción, que criticaba la destrucción de numerosas zonas verdes de alto valor ambiental. Desde entonces, el desarrollo de todos estos PAU ha sufrido incontables retrasos pese a aplicar el Ayuntamiento diversos parches legales para solventar el conflicto.

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